Fuente:
Mediterráneo Digital.
Después de las falsedades publicadas por La Vanguardia en un artículo publicado por el Sr. Carles Castro, el pasado 3 de agosto de 2014, he mandado un artículo de replica que espero que sea publicado en breve. En estos momentos el departamento jurídico ya está estudiando la posible querella criminal por injurias y calumnias contra el artículo de La Vanguardia y otras acciones penales.
'Por la presente, y al amparo de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación (BOE núm. 74, de 27 de marzo de 1984), rectifico las manifiestas inexactitudes, cuando no falsedades, reflejadas en el artículo de La Vanguardia, de 3 de agosto de 2014, p. 22., "El lepenismo catalán estalla", firmado por Carles Castro.
Es erróneo, además de delictivo, afirmar que Josep Anglada tiene ya tres condenas por amenazas a miembros del Consejo Ejecutivo o de la PxC. No existen tales condenas, son una pura invención calumniosa de quienquiera que haya actuado como fuente de intoxicación informativa en este artículo. Es fraudulento sostener que los "nuevos dirigentes" de PxC han sido reconocidos por Marine Le Pen: la imagen que muestra el diario es un montaje en el que se aprovechó la asistencia a un mitin para fotografiar a Roberto Hernando al lado de la dirigente del Frente Nacional.
Es, así mismo, absolutamente falso que el Consejo Ejecutivo del partido descubriera en enero de 2014 una "cuenta secreta" de Plataforma Vigatana, a la que se habrían transferido los 85.000 euros de las subvenciones públicas por número de ediles, puesto que dichas subvenciones sólo podían ser ingresadas por la administración pública en las cuentas de Plataforma per Catalunya. Cuando, en efecto, ya posteriormente, tales cantidades se transfirieron a una cuenta de Plataforma Vigatana, se debió a motivos muy distintos a los expuestos y con pleno consentimiento del Consejo Ejecutivo. Éste era y es por Estatutos el encargado de la gestión del partido, el único órgano con poder para hacerlo, pues, como bien dice aquí Carles Castro, los denunciantes son mayoría en el mismo. El propio Hernando reconoce estos hechos, pero los hurta a la militancia de PxC: "el que se hicieran transferencias de grupos municipales a cuentas de Plataforma Vigatana no significa que se estuviera de acuerdo en la forma de llevar la gestión" (Roberto Hernando, 8 de marzo de 2014, Resolución del Expediente Disciplinario contra Josep Anglada, Apartado III. Cuentas de la Plataforma Vigatana). ¡Asombrosa confesión! ¿Cómo se manifiesta el acuerdo en un partido si no es mediante el voto? ¿Puede eludirse la responsabilidad de la gestión pretendiendo que uno no estaba de acuerdo con lo que votó y tener encima la desvergüenza de continuar en el cargo? El partido era liderado por el Presidente, pero administrado por el Consejo Ejecutivo. En consecuencia, no existen operaciones económicas por valor de 170.000 euros ayunas de justificación: todas esas operaciones, acertadas o no, pero jamás corruptas, fueron conocidas en su momento por el Consejo Ejecutivo y los miembros de este órgano las convalidaron en tanto que se mantuvieron en el cargo.
Los actuales usurpadores (no tienen otro nombre) de PxC han engañado a los afiliados y votantes del partido simulando que acababan de hacer hallazgos escandalosos, pero la verdad es que administraban esas cuentas presuntamente desconocidas desde 2007, dato crucial que he demostrado documentalmente hasta la saciedad. Y si no, que expliquen Roberto Hernando y los demás cómo consiguieron el acceso a la contabilidad de un partido que no es el suyo. Que expliquen también las decenas de e-mails internos en los que se habla, desde hace años, de dichas cuentas presuntamente "secretas" en términos inequívocos. Todo el montaje actual tiene la finalidad de eludir cualquier responsabilidad política o legal por abrumadoras irregularidades e inepcias, acusando a otros de una nefasta gestión administrativa de la cual, como consejeros ejecutivos, los únicos titulares estatutarios son los propios denunciantes.
Es inexacto, finalmente, sostener que una asamblea general ratificó mi expulsión. Negamos taxativamente que se haya celebrado Asamblea General alguna. Es cierto que se convocó un Consejo Nacional, pero ese órgano no és soberano, no se confunde con la Asamblea General o Congreso (véase los Estatutos) y, además, el Consejo Nacional en cuestión es anterior a la expulsión, de manera que difícilmente podría haberla ratificado. Por otro lado, a dicho Consejo Nacional no fui invitado a pesar de ostentar a la sazón, como concejal de Vic, el derecho de membrecía natural. Por tanto, ese Consejo Nacional fue tan ilegal como la destitución y la expulsión mismas. El Consejo Ejecutivo quiso impedir a cualquier precio que el Presidente pudiera explicar su versión de los hechos. Por ello me destituyó in absentia y expulsó vulnerando en ambos casos gravemente la norma estatutaria. Con idéntica finalidad de amordazarme y luego extorsionarme, "alguien" me cerró las cuentas de twitter, e-mail y blog, lo que constituye un presunto delito de apoderamiento de datos. Y se me impidió, en fin, dentro de esta estrategia general de linchamiento mediático e indefensión, asistir a reuniones en las que mi presencia era obligada por ley. La actuación del Consejo Ejecutivo ha consistido siempre en obstruir la rectificación de las mentiras que otros iban difundiendo por teléfono (afiliado por afiliado) o en la prensa. La PxC está dividida: este diario se limitó a reproducir la versión de unos sin contrastarla con la de los otros'.
Josep Anglada i Rius, 10 de agosto de 2013
